RECLAMAMOS SU PLUSVALÍA

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Si usted vendió su vivienda por un precio inferior al que obtuvo con la compraventa de la misma, y liquidó su correspondiente plusvalía, continúe con este artículo original de PROCER Abogados y Asesores, conozca sus derechos, acuda a nosotros y reclamaremos lo que corresponde legalemente.

Reclame el importe de la plusvalía en PROCER Abogados.

¿Qué es la plusvalía?

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten aquellos terrenos donde se edifican inmuebles de naturaleza urbana en los casos en los que existe la transmisión de esa propiedad por cualquier título.

Este impuesto se regula en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La reciente declaración de inconstitucionalidad del impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.

La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, haciendo que este impuesto no pueda seguir siendo aplicado en los casos en los que no haya un efectivo incremento del valor.

Esta sentencia dice que el fundamento que justifica contribuir mediante este impuesto es porque se tiene capacidad económica para soportar el gravamen tributario. En este sentido, la capacidad económica es la aptitud para contribuir, y en este impuesto solo será en los casos en los que no haya incremento de valor en el momento de la transmisión.

¿La tuvo que pagar?

Todo aquel que haya transmitido su propiedad puede haber quedado sometido a la liquidación de este tributo que en ocasiones alcanzaba altas sumas a ingresar, al ser la base imponible de la misma determinada conforme al aparente beneficio en la venta.

No obstante, el cálculo de la misma se hace conforme a la normativa con referencia a unos criterios que no derivan en que solo paguen aquellos que venden por un valor mayor, y esto es común después del desplome del mercado inmobiliario. La liquidación del impuesto por tanto se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del IBI al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, implicando que este impuesto pase a gravar la propiedad durante un periodo de tiempo (1-20 años) y no por el real incremento de valor. El Tribunal Constitucional considera que esto es contrario a la capacidad económica, un principio regulador del sistema tributario Español, ubicado en la propia Constitución.

Por lo tanto, el impuesto grava los incrementos de valor, pero aplica como considerar los incrementos de valor. El impuesto no es inconstitucional en sí, sino únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones en contra de la capacidad económica, en donde no existe un aumento de valor del terreno.

El incremento de valor no es en todo caso la venta por un precio mayor del de adquisición.

No piense que por no haber sufrido pérdidas en la venta no sea uno de los afectados por haber pagado cuando no hubo incremento de valor, ya que no se trata de gravar un incremento del valor meramente nominal, sino real.

Son comunes aquellos casos en los que por la inflación, la vivienda se ha transmitido por un valor nominal -por un precio- mayor. No obstante, puede que aún en comparación con el precio de mercado de la vivienda en relación con la inflación, no exista incremento real.

¿Y si tuve que pagar la plusvalía en el embargo de mi vivienda o local?

No es poco común que la enajenación del inmueble sea no derivada de la transmisión de la propiedad por compraventa sino debido a un procedimiento de ejecución derivado del impago de un préstamo hipotecario. En estos casos, posibilitado por nuestra legislación de enjuiciamiento civil, el valor por el que se transmite es generalmente muy inferior al de precio por el que lo compraron.

La legislación referida de Haciendas Locales regulo expresamente una exención del pago del impuesto pero solo afecta a los casos en que se trata de la vivienda habitual y además no se disponga de más bienes. Por tanto a aquellas personas que se vieron involucradas en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre segundas viviendas, oficinas o locales de negocio, se les liquido por la plusvalía correspondiente y fueron sujetos pasivos del impuesto. Situación de especial perjuicio y de especial atención social, al cobrar este impuesto, a personas que se han visto desprovistas de sus bienes por no tener capacidad económica suficiente para afrontar el pago de las cuotas de préstamo hipotecario.

¿Podré reclamar las cantidades que pagué?

La declaración de inconstitucionalidad de este impuesto significa que no podrán los ayuntamientos seguir exigiéndolos en todo caso. Pero, ¿Qué pasa con los ya liquidados? ¿Podré reclamar lo ya pagado?

Hemos de resaltar que no toda plusvalía podrá ser reclamada, solo aquellas que no son firmes. Por firme ha de entenderse aquel procedimiento tributario que ya ha acabado, habiendo transcurrido un plazo determinado.

Los casos pueden ser tres:

  1. Ud. ha transmitido la propiedad sin incremento de valor con posterioridad a la sentencia del Constitucional. En este caso el Ayuntamiento no debería pedir liquidación del mismo, ante la inaplicación de una norma declarada contraria a la constitución. De ser en contra, siempre se deberá pagar y proceder a la reclamación ante el mismo ayuntamiento en base a la nulidad del acto por ser contrarios al ordenamiento jurídico.

  1. Si ud. presentó una autoliquidación, esta tendrá un plazo de 4 años para rectificar la liquidación conforme a los art. 221.4 y 120.3 de la LGT, pidiendo que esta no debiera haberse cobrado. En caso de que esta rectificación se deniegue, se dispondrá de un plazo de 30 días para recurrir esta resolución. Sólo y una vez acabada la fase administrativa se tendrá un plazo de dos meses para que la misma resolución sea examinada por los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, quienes podrán dictar una sentencia que condene al ayuntamiento.

  1. Si ud. recibió la liquidación por parte del ayuntamiento, se debió haber mostrado disconformidad con la misma mediante el recurso administrativo pertinente. De no ser así esta será firme, e irrecurrible. El art. 40 de la LTC dice que los efectos de declaración de inconstitucionalidad no permitirán revisar procesos fenecidos, no obstante podría acudirse a la revocación de los actos regulada en el artículo 219 de la Ley General Tributaria por infracción manifiesta de ley, a cuya iniciación la Administración no debería negarse .

Procer Abogados.

Se estiman que más de 550.000 transmisiones fueron sujetas a este impuesto inconstitucional. No dude en consultarnos para su caso especial. En PROCER le aseguramos el mejor trato y estudio sin compromiso, facilitándole desde un conocimiento especializado y una atención personal, hasta las mejores herramientas y profesionales para reclamar lo que le pertenece. No dude en PROCER, no dude en sus derechos.

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