LEGALIDAD EN EL PROCESO INDEPENDENTISTA

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Debido a los recientes acontecimientos, Desde PROCER Abogados y Asesores le explicamos el proceso independentista y su adecuación a la legalidad.

Como es sabido, el proceso independentista de la Comunidad Autonómica de Cataluña ha sido fruto de múltiples disputas y confrontaciones desde 2012, cuando los dirigentes políticos de la región han intentando celebrar un referéndum sobre la independencia de esta región. La secesión, implicaría la correspondiente independencia jurídica y una soberanía plena en la toma de decisiones en el territorio catalán.

No obstante, ¿Es posible que una región de un Estado decida si quiere independizarse del mismo?.

Para ello debemos de realizar una interpretación la legislación aplicable tanto nacional como internacional. Se ha de partir de nuestra carta magna, la Constitución Española de 1978, que, como norma suprema establece en su artículo 2 que nuestra democracia se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, impidiendo de esta manera la división de las regiones que componen el Estado Español.

Por un lado nos surge la siguiente pregunta: “¿Puede la región someter a decisión de la ciudadanía -referéndum- si quiere ser un órgano soberano independiente?” El artículo 92 de la Constitución afirma que decisiones de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.


El pueblo es el soberano para tomar estas y otras muchas decisiones, pero siempre deberá ser acorde con la legislación, y sin perjuicio de la normativa internacional. El párrafo tercero del artículo 92 establece que será una ley orgánica la que regule las modalidades de referéndum, siendo la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, la que regula los procedimientos de referéndum. En el artículo 5 de la meritada Ley Orgánica se indica que el referéndum se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en el ámbito que corresponda a la consulta ,posibilitando el referéndum Catalán, siempre que se acaten las condiciones para su legalidad. Esta Ley requiere la previa autorización del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta a solicitud del Presidente del Gobierno, para que el referéndum sea acorde a Ley, y que dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que ha de formularse la consulta y la preceptiva legitimación del Rey para convocar la consulta popular mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente.

Algunos se preguntaran porque son los órganos del Estado Español los que han de decidir sobre la decisión de soberanía de un pueblo. No se ha de olvidar que Cataluña opto por su autonomía, aceptando plenamente la división de poderes -reparto de competencias entre el gobierno centras y el de las autonomías- y siendo el artículo 149.1.32 de la Constitución el que regula la competencia exclusiva del gobierno central para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Por otro lado debemos de preguntarnos a su vez: “¿Qué dice el Derecho internacional público al respecto?” Los tratados internacionales pueden tener una validez jerárquica por encima de los Derechos internos. La ONU, reconoce el derecho de “autodeterminación de los pueblos” como uno de los principios generales fundamentales del sistema de Derecho Internacional Público, una autodeterminación sin injerencias externas, determinando su propia condición política y procurar su correspondiente desarrollo económico, social y cultural.

Sin embargo la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1960, contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales consagrándose por ella el derecho a la autodeterminación para aquellos pueblos que se han visto sometidos por la colonización de antiguos imperios, a los pueblos sometidos a dominación extranjera, dado que se ideó y confeccionó en unos supuestos y situaciones calificadas como contrarias al Derecho internacional. En el preámbulo de la Declaración de la ONU 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, en el apartado titulado «El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos», se proclama que este derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas ha de dirigirse con un criterio interpretativo que evite la posibilidad de que cualquier región pueda secederse, ya que, estipula, ninguna de las disposiciones mencionadas, se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color -tal y como es el nuestro Estado Español-. Por ende, el Derecho Internacional no parece dar luz legal a la posibilidad de secesión unilateral, sino solo conforme a la normativa legal enunciada.

Además, y ante los reiterados intentos de los dirigentes catalanes, en 2014, el Tribunal Constitucional confirmó esta normativa cuando se afirma que «no puede una autonomía unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación» pues la Carta Magna se fundamenta en «la indisoluble unidad de la Nación española».

Igualmente, el empeño de los separatista catalanes confeccionó un nueva resolución catalana, aprobada el pasado 6 de octubre de 2016, por la que se pretendía nuevamente someter a referéndum la independencia, siendo suspendida cautelarmente por el Alto Tribunal en diciembre de 2016. Fue posteriormente anulada Tribunal Constitucional español que, de nuevo, ratificaba la ilegalidad del referéndum.

Asimismo El Tribunal Constitucional había anulado las oportunas partidas confeccionadas en el presupuesto catalán, partidas que se habían configurado para subvencionar al referéndum de independencia. Por unanimidad el Tribunal declaraba inconstitucional la disposición adicional que instaba a la Generalitat a habilitar genéricamente “los recursos necesarios” para hacer frente “al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”. Con los hechos acaecidas el pasado día 6 de septiembre, el Tribunal Constitucional también ha advertido a las autoridades catalanes que no pueden desoír sus resoluciones y si incumplen lo establecido, pueden incurrir en responsabilidades. Y a pesar de ello, en la sesión plenaria de ayer, se aprobó la Ley de reférendum.

Ya se había traído a coalición su legalidad, y en el momento se hizo saber que ley del referéndum está afectada «por razón de su contenido y objetivamente considerado» por las interlocutorias del Tribunal Constitucional contra varias resoluciones parlamentarias de 2015 y 2016.

A pesar de la inconstitucionalidad de la misma por lo explicado más arriba, son numerosas las irregularidades que el procedimiento de aprobación de la Ley de referéndum se cometieron:

  1. El método empleado para cambiar el orden del día e introducir la aprobación de una ley es contraria al art. 81.3 del reglamento acortando los trámites y recortando derechos.

  2. La publicación de la Ley. Se dieron órdenes a los funcionarios para que no se publicara la propuesta de ley en el Boletín Oficial del Parlamento , a pesar de ello se utilizó una «pasarela» informática personal de los dirigentes para publicarla.

  3. Por el contenido inconstitucional. Esta ley dice que el Parlamento catalán proclamará la independencia “inmediatamente” si gana el ‘sí’, como máximo 48 horas después de la publicación definitiva de los resultados. Establece una jerarquía notoriamente contraria a la legislación incluso propia, ya que esta ley prevalecerá sobre cualquier norma, cuando en su artículo 3 supone una advertencia ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional, y destaca que “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto”. Y además sin participación mínima, cuando la ley no fija una participación mínima para dar por válido el resultado de la consulta. Con la Constitución en mano, y lo que dispone en su Disposición Transitoria Segunda reconoce que en aquellos territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía -como Cataluña-, al tiempo de su promulgación, podrán proceder inmediatamente a la autonomía más amplia –con más competencias atribuidas prevista en el artículo 151 de la CE-, sin necesidad de referéndum. Se exigía un quórum reforzado de las tres cuartas partes (un 75% frente a un 66%) que representasen también la mayoría del censo electoral de cada una de las provincias, y este sería el quórum necesario en su caso.

Para finalizar, el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de septiembre de 2017, acordó que todos los intervinientes del proceso independentista catalán integrantes del Parlamento, Consejo de Gobierno, y la propia Generalitat de Cataluña, como el Sr. D. Carles Puigdemont i Casamajó, el Sr. D. Victor Cullel i Comellas o el Sr. D. Oriol Junqueras i Vies, deben de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o impedir la suspensión impuesta por el Alto Tribunal. En particular, deben de abstenerse de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Igualmente se señala sus eventuales consecuencias incluida la penal en caso de incumplimiento.

En conclusión, el referéndum catalán es posible, al igual que en cualquier otra región autonómica, pero no un referéndum como el que nos encontramos en nuestra actualidad, desprovisto de legalidad y contrario a todas las instituciones y resoluciones emitidas por parte de los órganos de control de constitucionalidad. Nos encontramos ante un mecanismo jurídico, mal confeccionado y esbozado, que reina la agenda política y únicamente muestra el poco respeto que existe por parte de un sector hacia la Constitución, hacia nuestro sistema jurídico y hacia el Estado Español. Todo es posible en democracia, pero posible bajo la correcta senda que ha sido y fue marcada.

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