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Delitos desconocidos: ¿qué es el delito de corrupción entre particulares?

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Con las nuevas realidades, horizontes desconocidos se adentran en nuestra regulación y ordenamiento impulsados por motivaciones supranacionales o por actuaciones vanguardistas de los operadores y/o autores que operan en una delgada línea de tipicidad sobrevenida.

En PROCER, desde el área penal, queremos dar a conocer y comentar sucintamente delitos que se han visto introducidos en nuestra regulación y que son desconocidos para la mayoría de los mortales.

ANTECEDENTES. –

Éste es uno de aquellos casos en los que externalidades jurídicas inciden en nuestro ordenamiento introduciendo nuevas conductas típicas delictivas.

Ya desde 1998 se empieza a tratar esta temática, incidiendo en la misma el Convenio del Consejo de Europa sobre corrupción, adoptado el 4 de noviembre de 1998, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003. Como antecedente nacional, debemos referirnos a la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, en el cual ya empezamos a atisbar la necesidad del legislador en abarcar este tipo de prácticas quebrantadoras de la libre competencia.

Ya en 2010, en la Exposición de Motivos de la LO 5/2010, se realiza la justificación de incorporar este nuevo tipo penal conceptualizando su motivación en lo siguiente: “una competencia justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. Porque con estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, se rompen las reglas de buen funcionamiento del mercado».

¿CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES? –

Como conocemos la corrupción opera muchos segmentos y estamentos de la nuestra sociedad, notoriamente conocidos, siendo su influencia recogida desde miles de años por historiadores, apareciendo ya desde dinastías egipcias o en los políticos grecorromanos, o en grandes textos literarios como la Biblia, en El Príncipe de Maquiavelo o en Enciclopedia de Diderot. Siempre ha estado presenta en nuestra historia e igualmente desde hace relativamente poco en nuestro Código Penal.

La que hoy es objeto de análisis es aquella corrupción tipificada en el artículo 286b bis del Código Penal, la cual se nos presenta como un delito contra la justa y honesta competencia, siendo éste su bien jurídico protegido, recogiéndose expresamente así en su forma comisiva activa: “1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales”; y así en su forma pasiva: “2. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados con el fin de favorecer frente a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales.”

Por parte, y si conocemos el delito de cohecho, también podría valorarse como una especie de cohecho privado, pero más allá de esto tenemos un delito especial que protege al mercado y sus intereses, garantizando o intentando que se encuentre el mismo libre de interferencias, motivaciones o externalidades perjudiciales y ponzoñosas.

COMENTARIO. –

            La doctrina, los tribunales y los operadores jurídicos tienen bastantes posiciones contradictorias con la operatividad del delito de corrupción entre los agentes que intervienen en el mercado, interpretando este precepto legal desde una óptica dispar, en el cual dicho prisma recuerda a una panóptica visión que trasciende por motivos e influencias imperativas del derecho internacional que quebrantan a veces el principio penal de la mínima intervención, teniendo un gran papel en la defensa y en la operatividad de dichos delitos el abogado.

Si deseas ampliar la presente información, no dudes en contactarnos enviandonos un email a info@procerabogados.com o bien llamando al +34.95.148.87.86 y le atenderemos a la mayor brevedad posible.

Carlos J. Elena Morales
Abogado y Socio del Dpto. Penal

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